El proceso de Transición a la democracia y la Constitución de 1978

 Tras la victoria de los sublevados en la Guerra Civil española, se culminará la instauración de un régimen dictatorial de carácter fascista, cuya institucionalización ya había comenzado durante la guerra, conocido como la dictadura de Franco. Este régimen, que perduró más de 35 años, supondrá el ascenso al poder de las antiguas clases dominantes acompañado de una represión sistemática de la oposición, experimentando un débil proceso de moderación tras la victoria de los aliados en la SGM. En cualquier caso, no será hasta la década de los 60 cuando el desarrollismo económico, unido a la débil apertura del régimen iniciada por los sectores reformista y el desarrollo del turismo, comience a generar en la sociedad española deseos de democracia, que crecerán progresivamente en los años posteriores. Todo esto permitirá que tras la muerte de Franco, con la proclamación de Juan Carlos I, se inicie un proceso de transición democrática pese a las dificultades derivadas de la intensa actividad terrorista y los efectos de la crisis económica.

La muerte de Franco (20-11-75) llevará, 2 días después, a la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey por las Cortes franquistas, siguiendo lo establecido en la Ley de sucesiones.

 En esta situación se plantean 3 posiciones respecto a la evolución política siendo: la continuidad del régimen, postura defendida por los sectores más conservadores e intransigentes del partido (bunker); la reforma del régimen desde el interior, apoyado por los reformistas del régimen; y la ruptura con la dictadura, con la constitución de un nuevo sistema, que será la política defendida por las fuerzas democráticas cuyo planteamiento era realizar un referéndum para elegir el modelo de Estado, estableciendo posteriormente un gobierno provisional que convocara elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar una nueva Constitución.

Tras su proclamación como rey, JCI mantiene en su puesto a Arias Navarro, lo que supone una decepción para los sectores que esperaban cambios profundos en el régimen, ya que mantiene un planteamiento continuista a pesar de la presencia en su gobierno de ministros reformista como M. Fraga y M. Areilza, manteniendo y aprobando leyes muy restrictivas, y sin contemplar la legalización de partidos y sindicatos.

La oposición se organiza en una plataforma común (Coordinación Democrática) que plantea la necesidad de una ruptura democrática. Paralelamente, se llevan a cabo movilizaciones populares (huelgas, manifestaciones) especialmente en Cataluña, País Vasco y Madrid, duramente reprimidas con detenciones y despidos.

La tensión se manifiesta también en los sectores políticos procedentes del franquismo. Los sectores inmovilistas estimularán la creación de grupos paramilitares, dando lugar a los sucesos de Montejurra y el asesinato de estudiantes, mientras que los sectores reformistas intentan desplazar a los inmovilistas y llevar a cabo su proyecto de reforma desde el interior.

El rey fuerza la dimisión de A.N (30-6-76) y llama a formar gobierno a A.Suarez, lo que provoca la decepción de la oposición. Desde este gobierno, tratará de inmovilizar al “bunker” y atraer a la oposición democrática a su proyecto de reforma mediante la amnistía para los presos políticos, contar con la oposición en distintos aspectos, y el planteamiento de su proyecto de reforma política.

La Ley para la Reforma Política permitía el paso de un sistema dictatorial a uno democrático al suponer la sustitución de las Cortes franquistas por otras bicamerales, elegidas por sufragio universal, y la legalización de partidos, sindicatos y otras asociaciones por parte del Gobierno. Esta ley será aprobada por las Cortes gracias a unas negociaciones subterráneas, acordando la no petición de responsabilidades por las actuaciones dentro de la Dictadura y la promesa de no legalizar al PCE. La ley será aprobada ampliamente en referéndum 15-12-76.

Tras la aprobación de la L.R.P se preparan las condiciones necesarias para la celebración de elecciones generales con la aprobación de decretos para la legalización de sindicatos, establecimiento de derechos y libertades; y legalización de los partidos políticos incluido el PCE (abril-77).

Las primeras elecciones se celebran el 15-6-77, teniendo una amplia participación, con la victoria para UCD (Adolfo Suarez), con mayoría absoluta. Ante esta situación, se plantean dos cuestiones fundamentales: elaborar una constitución y tomar medidas ante la crisis económica.

Respecto a la crisis, producirá altos índices de paro (20%); y un grave proceso inflacionario (20%), que provocarán una pérdida de competitividad y un descenso de las exportaciones con el déficit de la balanza comercial, tomando como solución la depreciación de la peseta.

La crisis energética acaba convirtiéndose en una grave crisis industrial, produciendo un aumento de los costes de producción y precios; y reduciendo el peso en la economía española de los sectores más golpeados por la crisis; lo que generará altos índices de paro.

La grave situación económica dificultaba el proceso político de transición, haciendo necesario el consenso entre partidos y fuerzas socialistas para solucionar la crisis, dando lugar a los Pactos de la Moncloa (octubre-77).

En el aspecto político se acuerda la regulación de la vida pública basada en principios democráticos; mientras que en el aspecto económico se acuerda la reducción de la inflación mediante el mantenimiento de la devaluación de la peseta; el control del gasto público; la racionalización del gasto energético; la moderación salarial y una profunda reforma fiscal, con nuevos impuestos, como el de patrimonio e IRPF. Además, en el aspecto social, se estableció una reforma de la S.S que supuso un incremento de la financiación pública; el aumento de la cobertura de desempleo; y el incremento de las pensiones de jubilación. Sus efectos sirvieron para paliar las consecuencias sociales de la crisis.

En cuanto a la Constitución, fue fruto del consenso, y elaborada por una ponencia de 7 miembros de los principales partidos, excepto el PNV. Será aprobada por las Cortes el 6-11-1978, ratificada en referéndum el 6-12-78 y publicada en el BOE el 29-12 de ese mismo año. Es una constitución larga, bastante avanzada y con cierta ambigüedad que permite el gobierno de distintas opciones políticas. En ella se establece:

• Definición de España como “Estado social y democrático de derecho”, donde el Estado queda sometido a la Constitución y garantiza el cumplimiento de la misma.
• Modelo político como una monarquía parlamentaria donde el Rey es el Jefe del Estado y de los Ejércitos, sometido al poder Civil.
• Amplísima declaración de derechos individuales, colectivos y sociales.
• Aconfesionalidad del Estado, aunque se reconoce el predominio de la religión católica por ser la de la mayoría de españoles.
• División de poderes en Poder Legislativo, que recae en las Cortes Bicamerales elegidas por sufragio universal mayor de 18 años, conformadas por el Congreso, con mayor peso en la aprobación de leyes y responsable de la elección del presidente del Gobierno; y el Senado, siendo la Cámara de representación territorial compuesta por los senadores electos y los representantes de los parlamentos autonómicos. El Ejecutivo recae en el gobierno y el Judicial en jueces y tribunales gobernados por el CGPJ.
• Establecimiento de los principios rectores de la política social y económica, implantando una economía de libre mercado aunque permitiendo la intervención del Estado.
• Creación del Tribunal Constitucional encargado de lo referente a la constitucionalidad de las leyes; conflictos entre poderes y administraciones; y el recurso de amparo en caso de violación de los derechos y libertades.
• Lo más novedoso es la organización territorial del Estado, recogida en el (título VIII), que define a España como un “Estado de las autonomías”. España se divide en municipios gobernados por ayuntamientos; provincias gobernadas por las diputaciones provinciales; y comunidades autónomas, constituidas tras la aprobación de la Constitución (17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas). Para acceder a la autonomía se presentan dos vías. Por una parte, el artículo 151, vía rápida, para las comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y aquellas que lo solicitasen cumpliendo una serie de requisitos (Andalucía).
  Por otra parte, el artículo 143, vía lenta, para el resto de las CC.AA que deben aprobar un estatuto, aprobado en referéndum por la población de esa comunidad y por las Cortes, siendo parte del ordenamiento jurídico del país como leyes orgánicas. Todas las CCAA tienen un gobierno autonómico, un parlamento autonómico y un TSJ.
  Paralelamente, se constituyen las preautonomías. De este modo, en Cataluña, en 1977, regresa el presidente de la Generalitat del exilio, J. Tarradellas, restableciendo la Generalitat. Posteriormente, en País Vasco, en enero-78, se establece el Consejo General Vasco mientras que en Galicia, en marzo-78, se establece la Xunta de Galicia provisional.

Los principales problemas con los que se va a encontrar la transición serán la crisis económica; el involucionismo, promovido por la extrema derecha que creará y financiará grupos paramilitares; y el terrorismo, que se va a dedicar a actuar, fundamentalmente, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y personalidades vinculadas al franquismo, destacando GRAPO Y FRAP (extrema izquierda); y ETA y Terra Lliure (nacionalistas).

En conclusión, pese a todas las dificultades (crisis económica internacional, terrorismo, conflictividad social, intentos de involucionismo), durante la Transición política se establece en España un régimen democrático, suponiendo el fin del último régimen fascista en occidente, que se fue consolidando gracias a la nueva estructura social del país (predominio de la clase media) y al consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978, dando inicio al régimen democrático actual, siendo el más largo que ha experimentado el país, en gran parte fruto de este consenso. De este modo, se consolida así un periodo de normalización política y modernización social, sumándose al proceso de avance democrático acontecido en Europa tras la caída de los regímenes dictatoriales de Portugal y Grecia en los años anteriores.