El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores

 Tras el fin del Bienio Progresista  y la posterior dimisión de O’Donnel, influenciada por la reina, Isabel II vuelve a llamar a Narvaez al gobierno, quien gobierna con un fuerte autoritarismo, manteniendo las Cortes al margen. Esto llevará a los progresistas a acusar a la Corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones, dando lugar al pronunciamiento, junto con los demócratas, de los sargentos del cuartel de S.Gil, que acabará fracasando y siendo duramente reprimido. Esta situación se ve agravada por una grave crisis económica la cual presenta tres vertientes. En primer lugar una crisis internacional provocada por la guerra de secesión norteamericana que provocó el aumento de los precios del algodón que se a su vez desencadenó el cierre de empresas y aumento del paro, una crisis financiera debida a la bajada del precio de las acciones ferroviarias por su poca rentabilidad, que llevará a pedir nuevas subvenciones dando lugar a casos de corrupción en los que la reina se vería salpicada  y una crisis de subsistencia que produjo una subida del precio de los productos básicos.

La grave situación económica junto con los continuos escándalos de la Corte, llevarán a los progresistas y demócratas a firmar el Pacto de Ostende(1866) en el que acuerdan organizar una sublevación generalizada del Ejército a la que se sumarán las ciudades con el objetivo de expulsar a la reina. A este pacto se unirán los Unionistas tras la muerte de O’Donnell. La sublevación se iniciará el 19 de septiembre de 1868 en Cádiz por parte de la Armada dirigida por el Brigadier Topete. Los generales Prim (progresista) y Serrano (Unionista) se unirán a la sublevación que mediante el manifiesto experimentará una rápida extensión especialmente en la ciudades Costeras. 

El gobierno enviará un ejército que será derrotado en la batalla del Puente de Alcolea (Córdoba) lo que provocará que la reina parta el exilio y la dimisión del gobierno. Paralelamente a la sublevación militar, se crearán juntas controladas por demócratas y republicanos.

Tras la victoria en “la Gloriosa”, los jefes de la sublevación se reúnen en Madrid donde, en la Junta de Madrid, nombran a Serrano como regente y a Prim como jefe de Gobierno. Este adoptará como primeras medidas la disolución de la Junta y la disolución de la Milicia Nacional.

El nuevo gobierno aprobará una serie de decretos para contentar las aspiraciones demócratas al mismo tiempo que realizará la convocatoria de Cortes constituyentes por medio del sufragio universal masculino mayor de 25 años. Habrá una mayoría de la coalición gubernamental, partidaria de la monarquía parlamentaria, y se formará una comisión encargada de elaborar la constitución, que será proclamada por las Cortes  el 1-6-1869. Esta será la primera constitución democrática española, siendo muy larga y bastante avanzada. En ella se establece:

• Soberanía Nacional.
• Amplia declaración de derechos y libertades, entre ellos, reunión, expresión, asociación, culto.
• Modelo de Estado como una monarquía parlamentaria con los poderes del rey muy limitados.
• División de poderes en Poder Legislativo, que reside en las Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal masculino mayor de 25 años; Poder Ejecutivo, que reside en el rey, quien a su vez deberá contar con las Cortes para formar gobierno; y Poder Judicial que recae en jueces y tribunales.
• Aconfesionalidad del Estado, estableciendo la libertad de culto pero manteniéndose el presupuesto de culto y clero.
• Cierta descentralización administrativa y ayuntamientos y diputados provinciales electos.

Tras la aprobación de la Constitución, se disolverán las Cortes y se realizarán nuevas elecciones, con resultados muy semejantes a los anteriores. Asimismo, las Cortes confirmarán a Serrano como Regente y a Prim como jefe de gobierno.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo la modificación de la política económica, que había sido uno de los objetivos fundamentales de “La Gloriosa”. Con ello se tratará de modernizar la economía española, defendiendo el librecambismo y la apertura del mercado español al capital extranjero. Desde el ministerio de Hacienda, L.Figuerola llevará a cabo una serie de medidas entre las que se encontrarán la supresión de los consumos, restablecidos en 1870 como impuestos municipales; la introducción de una contribución única  en función de la renta y el establecimiento de la peseta como moneda única. También, se llevará a cabo una liberalización de los mercados, mediante la Ley de Bases Arancelarias (1869), con una importante bajada de los aranceles, que provocará el descontento de los cerealistas castellanos, los ferreteros vascos y los textiles catalanes. 

Sin embargo, el problema más importante seguirá siendo la Deuda Pública, sumada a la Deuda tanto con los bancos extranjeros como  con los españoles. Con el objetivo de conseguir recursos, se llevará a cabo la “Desamortización del subsuelo” , mediante la Ley de Minas (1871), que permite el arrendamiento de los yacimientos mineros a compañías españolas o extranjeras a largo plazo, a cambio de un canon, lo que supuso la llegada de importante capitales extranjeros (Franceses y Británicos).

Paralelamente, a nivel político, Prim será encargado de buscar un nuevo rey, eligiendo para ello a Amadeo de Saboya, quien llegará a España el 30 de diciembre de 1870, 3 días después de ser asesinado Prim. Las Cortes aceptarán como rey a Amadeo I, que llega a España dispuesto a ejercer su papel de rey constitucional pero se va a encontrar graves problemas, sumados a una fuerte oposición de distintos sectores.

Por una parte, se producirá la III Guerra Carlista (1872-6) fruto de la negativa, por parte de las Cortes, de aceptar al pretendiente Carlista como nuevo rey. Por otra parte, se producirá la I Guerra de Cuba (1868-78) debido a las demandas de la población criolla de autonomía administrativa y económica. Esto dará lugar al Convenio de Zanjón, mediante el cual España aceptará gran parte de las demandas cubanas aunque no se cumplirá lo acordado.

Además de estos problemas, también encontrará la oposición de los Carlistas, con los que se encuentra en guerra; los moderados, entre los que se encuentran los Isabelinos, partidarios de la vuelta de los Borbones; y  los republicanos, apoyados por las clases populares, y descontentos por el mantenimiento de la monarquía y el presupuesto de Culto y Clero. Asimismo, también contará con la oposición de buena parte del ejército, partidarios de la vuelta de los borbones; la corte, que también sigue fiel a los Borbones, y la Iglesia, opuesta al nuevo régimen y al rey.

A todo esto se sumará la desintegración de la coalición de gobierno y un alto abstencionismo, que acabará provocando la renuncia de Amadeo I el 11 de febrero de 1873. Ante  esta situación, en 1873, las Cortes proclaman la República, siendo esta una proclamación ficticia  pues la mayoría de los miembros de esas Cortes eran monárquicos que optarán por mantenerse al margen del nuevo régimen apoyando el regreso de los Borbones. Las Cortes eligen como presidente a E.Figueras (republicano federal moderado). La república será recibida con gran entusiasmo por las clases populares favoreciendo que los sectores federalistas más radicales ocupen los ayuntamientos y organicen juntas.

En Andalucía, principalmente, las protestas campesinas darán lugar a la ocupación y reparto de tierras. Del mismo modo, en las ciudades se producirán movilizaciones populares con reivindicaciones laborales. Sin embargo, todas estas medidas no se correspondían con el ideario republicano, dando lugar a la toma de acciones represivas que producirán el descontento popular. Al mismo tiempo, se disuelven las Cortes y se realiza la nueva convocatoria a las Cortes con la victoria del republicanismo federal. Las Cortes proclaman la república democrática federal el 7 de junio de 1873 y confirman a Figueras presidente de la república y F. Pi y Margall Jefe de gobierno. Sin embargo, a las pocas semanas, Figueras dimite y Pi y Margall asume la presidencia de la República. El propósito de los líderes republicanos será llevar a cabo una profunda obra reformadora mediante la separación Iglesia - Estado, la elaboración de una amplia legislación social y la restauración de la disciplina del Ejército. 

También tratarán de suprimir las quintas y propondrán una nueva Constitución (1873) muy semejante a la de 1869, en la que lo más novedoso será la estructura federal del Estado, realizando una división territorial de España en 17 Estados (incluida Cuba) y tres niveles distintos de poder: municipios, Estados regionales y Estado Federal.

Sin embargo, ninguna de estas reformas llegará a ponerse en práctica por falta de tiempo, motivada en gran parte por los graves problemas con los que se va a encontrar el nuevo régimen. Por una parte, respecto a las guerras Carlistas, la insurrección toma fuerza formándose un embrión de Estado con capital en Estella ( Navarra). Por otra parte, respecto a la guerra de Cuba, las distintas medidas políticas para solucionar el problema cubano se encuentran con la actitud obstruccionista de la anterior administración borbónica y los grandes propietarios de tierras, lo que provoca que no acaben siendo aplicadas.

En cualquier caso, el mayor problema se produce con la sublevación cantonal iniciada con la proclamación de cantones independientes, especialmente en las zonas del arco mediterráneo. Estas son producidas por la mezcla de aspiraciones autonomistas del federalismo más radical, y la revolución social protagonizada por pequeños comerciantes y artesanos, junto con la mano de obra asalariada. El problema más grave se vivirá en Cartagena  donde el cantonalismo se sumó a la sublevación armada. Pi y Margall se opone a sofocar la rebelión utilizando el ejército y presenta su dimisión, siendo sustituido por N.Salmerón, quien sí utilizará el ejército, sofocando a la mayor parte de la rebelión. Sin embargo, se negará a firmar las penas de muerte impuestas por los tribunales militares a los líderes cantonalista, presentando su dimisión.

Las Cortes deciden entregar el poder a E. Castelar, republicano  unitario muy conservador, lo que provocará un desplazamiento de la república a la derecha. Castelar conseguirá, para acabar con la sublevación, poderes extraordinarios temporales de las Cortes, desde el 19 Septiembre 1873 hasta enero. De este modo, acabará con la sublevación a través de una durísima represión y gobernará de forma autoritaria, concediendo gran poder a los jefes militares. Esto provocará el descontento de los líderes federalistas que acuerdan su destitución cuando se reúnan las Cortes. El 3 de enero de 1874, mientras se está votando la destitución de Castelar, el general Pavía irrumpe en el Congreso, apoyado por la Guardia Civil. Este disuelve las Cortes casi sin resistencia, lo que en la práctica supone el fin de la República, e intentará establecer un modelo de República conservadora con el general Serrano al frente. Sin embargo, fracasará debido a que los grupos sociales que le hubieran podido apoyar se decantarán por la opción borbónica.

Mientras tanto, A.Cánovas del Castillo prepara la vuelta de los borbones en la figura del príncipe Alfonso. Para ello había ido dando una serie de pasos para que el retorno se realizara dentro de la legalidad. Con este fin, Isabel II renunciará a sus derechos al trono en favor de su hijo, quien se había dirigido al pueblo español en el Manifiesto de Sandhurst (1-12-74), ofreciéndose como garantía de orden y estabilidad en un modelo de Estado liberal conservador. Los planes de Cánovas para que Alfonso sea proclamado por unas nuevas Cortes fracasarán cuando, el 29 de diciembre de 1874, el general A. Martínez Campos lleve a cabo un golpe de Estado en Sagunto, proclamando rey a Alfonso XII, dando así inicio al periodo de la Restauración (1875-1923).

En conclusión, la Gloriosa supondrá el intento de acabar con el corrupto sistema oligárquico vigente durante el reinado de Isabel II, permitiendo la llegada al poder de  la pequeña y mediana burguesía, que será la protagonista de la Gloriosa y el Sexenio democrático, y se verá desbordada por múltiples problemas políticos, sociales y económicos. Ante el peligro de una posible revolución social, esta burguesía será partidaria del regreso a la monarquía moderada de los borbones, con el retorno de Alfonso XII.