La Segunda República. La Constitución de 1931

 

La Crisis del sistema de la Restauración sumada a los problemas derivados de la Guerra de Marruecos, especialmente el Desastre de Annual que dará lugar a una investigación, “Informe Picasso”, para tratar de esclarecer responsabilidades; marcarán el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, la oposición generada por el régimen, sumado a su vinculación con la monarquía, provocarán que el rey acabe cesando a Primo. Ante esta situación, Alfonso XIII tratará de volver a la normalidad parlamentaria, dando inicio al periodo de "Dictablanda", con la convocatoria de elecciones municipales (12 de abril de 1931). La oposición firmará el Pacto de San Sebastián, con el objetivo de presentarse a estas elecciones como una gran coalición. Los resultados, a pesar de dar la victoria en conjunto a los partidos monárquicos, supondrán la proclamación de la II República (14-4-1931) con el nuevo gobierno presidido por N. Alcalá Zamora, procedente del Comité Revolucionario.

La II República será recibida con entusiasmo por las clases populares y una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores, conformados por los propietarios agrarios, la oligarquía financiera, parte del Ejército y la Iglesia.

El nuevo gobierno provisional agrupará a todas las fuerzas que habían firmado el Pacto de San Sebastián, siendo republicanos, conservadores de centro y de izquierda, radicales, socialistas, y nacionalistas catalanes y gallegos, quedando fuera monárquicos y nacionalistas vascos, junto con comunistas y anarquistas.

Sus primeras medidas serán la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para el (28-6-1931) junto con una serie de medidas de urgencia como la amnistía para los presos políticos; negociaciones con los nacionalistas catalanes y vascos sobre su autonomía; medidas para proteger a los campesinos expulsados de sus tierras; el nombramiento de altos cargos; y medidas económicas para afrontar la crisis producida por la Gran Depresión, derivada del Crack del 29 y las deudas de la dictadura.

En cuanto a las elecciones, darán la victoria a la conjunción republicana socialista. Las Cortes elaborarán la Constitución de 1931 (9-12-1931), siendo muy larga e inspirada en la de Weimar, muy avanzada y poco conservadora. En ella se establece:

• Definición de España como una república democrática de trabajadores de toda clase en la que todos los poderes emanan del pueblo. El Estado se define como integral, prohibiendo la federación y permitiendo las autonomías.
• Amplísima declaración de derechos y libertades, tanto individuales como sociales, con el derecho a la propiedad privada subordinado al bien común

• División de poderes en Poder Legislativo, en manos de las Cortes Unicamerales elegidas por sufragio universal masculino y femenino para mayores de 23 años, que se encarga de aprobar nuevas leyes, controlar al Ejecutivo y nombrar y deponer al presidente de la República; el Ejecutivo, que recae en el gobierno; y el Judicial, que está en manos de jueces y tribunales independientes, reconociéndose la figura del jurado popular. Además, el presidente de la República tiene funciones de Jefe de Estado, convocando y disolviendo las Cortes. Es elegido por ellas y puede ser depuesto si las convoca 2 veces durante su mandato (7 años).
• Aconfesionalidad del Estado. Se establece la libertad religiosa y se recogen una serie de medidas para disminuir la influencia de la Iglesia, entre las que se encuentra el establecimiento del matrimonio civil, el divorcio, y la igualdad jurídica de todos los hijos. También, se le prohíbe a la Iglesia la realización de actividades económicas salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para su mantenimiento, afectando a la Educación. Asimismo, se expulsan a los jesuitas y sus bienes pasan a ser nacionalizados.
• Respecto a la organización territorial, el Estado se divide en municipios gobernados por los ayuntamientos electos, provincias gobernadas por las diputaciones provinciales y comunidades autónomas de aquellos territorios que deseen constituirse como tales.
• Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales para establecer la constitucionalidad de las leyes y resolver los conflictos entre poderes y administraciones.

Tras la aprobación de la Constitución, las Cortes eligirán como Jefe de Gobierno a M. Azaña, que formará gobierno con socialistas y republicanos de izquierda; y a N. Alcalá Zamora como presidente de la República.

El nuevo gobierno lleva a cabo un intenso programa reformista con el objetivo de modernizar el país en todos los aspectos.

Respecto a la Reforma Agraria, este será el proyecto más importante de la República, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932, que pretendía la modernización de la agricultura española. Tendrá dos leyes fundamentales que serán la Ley de Bases para la Reforma Agraria y la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que permitían la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, Grandeza de España y aquellas procedentes de los señoríos jurisdiccionales; y con indemnización de las fincas mal cultivadas o arrendadas sistemáticamente;  siendo repartidas entre los campesinos tras ser nacionalizadas.
Para llevar a cabo todo el proceso relacionado con esta reforma agraria de carácter integral, se creó el I.R.A, que se encargaba de todos los trámites; las construcciones necesarias para la extensión del regadío; y la concesión de préstamos blandos. El proceso de asentamiento será muy lento debido fundamentalmente a ser un proceso muy garantista; y a la falta de recursos para llevarlo a cabo.

Además, la Reforma Agraria generará un amplio descontento entre los propietarios, debido a la posibilidad de perder sus tierras, y entre los campesinos, a causa de la lentitud del proceso; dando lugar a una enorme conflictividad social.

Las reformas laborales se van a llevar a cabo desde el Ministerio de Trabajo, presidido por F. Largo Caballero. El objetivo era mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, con especial interés por los trabajadores agrarios. Para ello, se aprobará en el mundo agrario la Ley de Términos Municipales, que impedía la contratación de trabajadores de otros municipios distintos a donde estuvieran las tierras mientras hubiera mano de obra sin contratar en ese mismo municipio, lo que supuso un aumento de los salarios en el campo. También se estableció la jornada laboral de 8 horas.

Además, se aprobarán la Ley de Contratos de Trabajo, que forzaba a la negociación colectiva y la Ley de Jurados Mixtos, para la resolución de los conflictos laborales. Para los trabajadores urbanos se estableció la jornada laboral de 40 horas semanales.

Por otra parte, la reforma del Ejército será llevada a cabo desde el Ministerio de la Guerra, presidido por M. Azaña. Esta reforma tiene varios objetivos. Por una parte, modernizar el armamento y la estructura militar acabando así con la macrocefalia. Por otra parte, asegurar la fidelidad del ejército a la República.

Para conseguirlo, se aprobará la Ley de Retiro de la Oficialidad, obligando al juramento de fidelidad a la República y abriendo la puerta a la jubilación anticipada con el mantenimiento del nivel económico. Además, se tomaron otras medidas para ahorrar gastos como la desaparición de los Capitanes Generales, la prensa exclusiva del Ejército, y los tribunales específicos. También se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se creó la Guardia de Asalto, cuerpo del orden público y para la defensa del régimen republicano.

Las reformas consiguieron disminuir los gastos, aunque la reducción de presupuestos por la crisis económica impidió la modernización del armamento; y fueron recibidas como una agresión al estamento militar, especialmente por el sector de los “africanistas”. Este malestar será aprovechado por la derecha para animar al Ejército a la revuelta contra la República, llevando al intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo en Sevilla (agosto-1932), que fracasará y cuyos líderes serán juzgados y condenados.

En cuanto a la reforma de la Iglesia, aparece recogida fundamentalmente en la Constitución de 1931, y, posteriormente, en la Ley de Congregaciones de mayo de 1933. Pretendía la secularización de la sociedad española y supuso la limitación de su actividad económica, su apartamiento de la educación y la posibilidad de su expulsión en caso de que se considerará un peligro para el Estado. Esta reforma será recibida como una agresión al catolicismo, apoyada por el regreso de las autoridades anticlericales (mayo del 31), sobre todo con la quema de edificios e imágenes religiosas.

La política autonómica recogía en la Constitución de 1931 la posibilidad de establecer autonomías, acelerada por la proclamación por F.Macià de la República Catalana. Esto dará lugar a la formación en Cataluña de un gobierno provisional, Generalitat, que debía elaborar un estatuto aprobado en referéndum y por las Cortes, que lo recortarán enormemente. El estatuto establecía un gobierno y un parlamento propios, con competencias en economía, cultura y sociedad; y establecía la cooficialidad del Catalán. Las 1º elecciones darán la victoria a ERC, siendo Macià presidente.

En País Vasco, el PNV y los Carlistas aprobaron un proyecto de estatuto de autonomía que sufrirá un gran retraso en las Cortes por la oposición del republicanismo de izquierdas a su confesionalidad, y, posteriormente, por la llegada de la derecha al poder, contraria a las autonomías. Se aprobará en Octubre-36 y el primer lehendakari será J.A. Aguirre, perteneciente al PNV.

Las reformas educativas y culturales tenían como objetivo mejorar el nivel educativo del país y promover una educación liberal y laica garantizada por el Estado. Para ello, se adoptó un modelo educativo mixto, laico, obligatorio y gratuito en primaria; que suponía la construcción de más de 1000 escuelas y la contratación de maestros.

Con el objetivo de llevar la cultura al mundo rural se llevarán a cabo las llamadas “Misiones Pedagógicas” destacando la “Barraca” de F. García Lorca.

Estas reformas se encontrarán con dificultades económicas, que provocarán lentitud y la paralización de estas, debido a los efectos de la Gran Depresión tras el Crack del 29, que va a provocar la reducción tanto de las exportaciones como de la migración; las deudas heredadas de la Dictadura; los problemas internos de la economía española, como la falta de competitividad y el déficit en la balanza comercial; y la desconfianza empresarial, que supondrá una importante fuga de capitales. Todo esto provocará un aumento del paro, que va a llevar a un progresivo aumento de la conflictividad social, alcanzando su punto máximo en 1933 con huelgas, manifestaciones, ocupaciones de tierras, etc; agravadas por la actitud revolucionaria de ciertos sectores tanto sindicales, como CNT y UGT, que experimentará un gran crecimiento con la creación de la Federación de Trabajadores de la Tierra; como de partidos como el PCE.

El aumento de la conflictividad tendrá dos focos principales, uno en Cataluña y otro en Andalucía, donde se producirá un grave incidente en Casa Viejas (Cádiz), que será duramente reprimido por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, provocando un grave desprestigio de Azaña y un enorme desgaste del Gobieno.

La evolución de las reformas republicanas provocará la reorganización y fortalecimiento de los partidos de derecha por el descontento de amplios sectores con estas reformas, dando lugar a la agrupación de estos sectores en torno a los grandes partidos de la derecha. Por una parte, empresarios, propietarios agrarios y comerciantes no contrarios a la República pero sí a alguna de sus reformas, se agruparán en torno al Partido Radical de Lerroux. Por otra parte, la derecha monárquica, sectores católicos y conservadores, impulsarán campañas contra algunas reformas republicanas, entre ellas la agraria, agrupandose en torno a la CEDA. La oposición antirrepublicana (FE, JONS, RE) llevarán a cabo actividad agitadora contra “el peligro Bolchevique”, aumentando la crispación.

Ante esta situación, Azaña presenta su dimisión. Alcalá Zamora, disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones para noviembre de 1933. En ellas, la derecha se presentará unida en numerosas circunscripciones mientras que la izquierda lo hará desunida. Además, habrá una altísima abstención debido, en parte, a las recomendaciones de la CNT.

La victoria corresponderá a la derecha con mayoría de la CEDA. Sin embargo, A. Zamora no se fía del republicanismo de la CEDA y propone a Lerroux, dando inicio al Bienio Conservador/Negro (1933-1936). Este periodo supone la paralización de las grandes reformas, especialmente de la agraria, con la devolución de tierras a la nobleza, anulación de la cesión de tierras mal cultivadas; establecimiento de la libertad de contratación; etc… provocando huelgas constantes de campesinos duramente reprimidas.

La cuestión agraria va a llevar a un enfrentamiento entre el gobierno central y la Generalitat, que aprobará una Ley de Contratos de Cultivo, suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto marcará el inicio de los enfrentamientos entre gobierno y Generalitat.

También se paralizará el estatuto vasco, lo que provocará el enfrentamiento con el PNV; y se contrarrestará la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero, e iniciando negociaciones con la Iglesia para la firma de un nuevo Concordato. Respecto al Ejército, no se anularán las reformas de Azaña pero se amnistió a los condenados por la sublevación de agosto de 1932 y a los colaboradores de la dictadura. Por otra parte, se mantuvo la reforma educativa pero disminuyó su presupuesto, lo que supuso que en la práctica se paralizara.

Esta política conservadora producirá la radicalización del PSOE y la UGT, con la propuesta de Largo Caballero de abandonar la colaboración con los partidos burgueses y optar por la vía revolucionaria, lo que va a provocar tensiones dentro del partido y la colaboración de los sectores más radicales con la CNT. A su vez, esto provocará la proliferación de huelgas y conflictos con el endurecimiento de la CEDA, que exige entrar en el gobierno, consiguiéndolo el 5-10-34 con la entrada de 3 ministros, dando inicio a la Revolución de Octubre de 1934

La entrada en el gobierno de la CEDA será considerada por la izquierda como una deriva hacia el fascismo, lo que provocará que UGT, con escaso apoyo de CNT, convoque huelgas y manifestaciones, que no tendrán gran incidencia en la mayoría del país por la falta de coordinación y la represión del gobierno. Aun así, tendrán gran relevancia en dos focos. Por una parte, en Asturias se produjo una revolución social cuando los mineros ocuparon los pueblos de las cuencas mineras, sustituyendo los ayuntamientos por Comités Revolucionarios que autogestionarán los servicios esenciales, llegando a sitiar Oviedo. Para acabar con la situación, el gobierno envía al ejército de África (Franco), que llevará a cabo una feroz represión causando 1000 muertos y decenas de miles de detenidos, lo que a su vez desató una campaña de solidaridad internacional con las víctimas.

El otro foco será en Cataluña, donde el movimiento será de carácter político y la Generalitat respaldará el movimiento huelguísitico Ll. Companys proclama la república catalana el 6 de octubre. En respuesta, el gobierno mandará al Ejército (Batet), que acabará con la huelga; suspenderá la Generalitat y encarcelará a sus miembros.

Asimismo, como consecuencia de la revolución de octubre-34, la CEDA aumentó su influencia, exigiendo el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por la revolución de Octubre; la suspensión del estatuto catalán; la anulación de la Ley de Contratos con efectos retroactivos y la devolución de las propiedades a los jesuitas. Además, Gil Robles, ministro de la Guerra, nombrará a Franco como Jefe de Estado Mayor. Posteriormente, la CEDA presenta en Julio -1935 un anteproyecto para reformar la Constitución en un sentido muy conservador que incluía la restricción de las autonomías; la abolición del divorcio; y la modificación del derecho a la propiedad, imposibilitando la expropiación de tierras. Sin embargo, no se llevará a cabo por la crisis de gobierno que se produce en otoño de ese mismo año. Este será un escándalo de corrupción, “caso del estraperlo” que implicó a altos cargos de la Administración del Partido Radical, salpicando a familiares directos de Lerroux, lo que acabará provocando su dimisión. Alcalá Zamora se niega a que la CEDA controle el gobierno, disolviendo las Cortes y convocando nuevas elecciones para febrero -36.

En estas elecciones, toda la Izquierda se presentará unida en el Frente Popular mientras que la Derecha se presenta desunida en la mayoría de las circunscripciones y las organizaciones anarquistas, especialmente la CNT, piden el voto para el Frente Popular. Todo esto provocará una mayor participación que en las anteriores elecciones, dando la victoria al Frente Popular, con escaso margen.

Las Cortes eligen como Jefe de Gobierno a M. Azaña, que formará un gobierno de coalición con nacionalistas y sin socialistas. A continuación, las Cortes destituirán a A. Zamora como presidente de la república, que será sustituido por Azaña, quien a su vez será sustituido por Santiago Casares Quiroga (ORGA) como Jefe de Gobierno.

Desde el nuevo gobierno, se tomarán una serie de medidas para intentar revertir lo que había ocurrido en el bienio conservador, como la amnistía para los presos políticos; la restauración de la Generalitat; la aceleración de las negociaciones con País Vasco y Galicia para aprobar sus estatutos; y la reanudación de las reformas, especialmente la agraria, de forma acelerada.

El cambio de política provocará que UGT y CNT pidan cambios más profundos exigiendo la vía revolucionaria.

Ante esta situación, la derecha reaccionará oponiéndose con medidas como la expatriación de capitales o las llamadas de la Iglesia a la sublevación. Paralelamente, Falange Española adquirirá gran protagonismo, generando un clima de violencia para forzar la intervención militar, que se está preparando sin mucha organización, entre otras cosas, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el modelo a establecer tras el triunfo de la sublevación. Los planes se concretarán al hacerse cargo de la organización el general E. Mola que proponía la sublevación de todos los destacamentos militares del poder para el control del país. Estos planes se ven acelerados por el asesinato de J. Calvo Sotelo por milicias sindicales el 13 de julio, como respuesta al asesinato por falangistas del teniente Castillo de la Guardia de Asalto. Esto provocará que el 17-7 se inicie la sublevación en Melilla por parte del Coronel Yagüe, extendiéndose por el resto del país entre el 18-19 de julio. Su triunfo en grandes zonas del país provocará el inicio de la Guerra Civil (1936-9)

En conclusión, la II República constituye un periodo democrático marcado por el deseo de modernizar el país mediante una extensa obra reformista de carácter laico, que dará gran importancia  a la mejora de las condiciones de vida de la población, pese a las dificultades económicas de este periodo. Sin embargo, estas mismas reformas causarán el descontento y oposición de amplios sectores, lo que fomentará constantes conflictos entre izquierda y derecha, similares a los sucedidos en el resto de Europa pero de mayor radicalidad, que supondrán la paralización de la mayor parte de la obra republicana y, finalmente, motivarán la sublevación que dará inicio a la Guerra Civil Española.